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El dirigente de una ONG que cobra una subvención e incumple ¿termina pagando?

Alguna vez, quizá viendo la televisión o leyendo un periódico te hayas encontrado alguna noticia relacionada con un presidente de una fundación u ONG que se ha visto involucrado en alguna polémica relativa al uso ilícito de fondos de su entidad. Tu siguiente duda es ¿terminará pagándolo? La respuesta es, indudablemente, sí. Otra situación es que, debido a la falta de recursos de la administración, no se les llegue a “pasar lista”. Pero eso es como jugar a la ruleta rusa. Hoy te libras, pero mañana volveremos a vernos las caras. Baste como ejemplo recordar que algunas de las personas más influyentes de este país han terminado sentados en el banquillo de acusados. Estos son los mismos señores que ayer creían que no había fórmulas jurídicas para que les investigaran porque llevaban años actuando así. Por lo tanto, parece que existen indicios de que el dirigente también puede terminar pagando.

Hay que contextualizar que las entidades sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones, ONG) tienen normativas concretas y reglamentos adicionales que puntulizan (a veces incluso en exceso) los deberes del buen dirigente o responsable de la entidad no lucrativa. Párrafos razonados por juristas, donde se ha dedicado horas de tiempo a dar con la fórmula de escarmentar a los amigos de lo ajeno. Si por esto fuera poco, cada subvención que reciben tiene hojas enteras relativas a la justificación del buen gasto, o lo que es lo mismo, compromisos que demostrarán que el dinero público efectivamente se gastó en lo acordado inicialmente.

A continuación citamos algunos de los artículos que afectan a la práctica totalidad de las entidades sin ánimo de lucro y que se refieren explícitamente a la responsabilidad solidaria de los dirigentes/representantes, o lo que es lo mismo, a su patrimonio personal:

 

Sobre asociaciones (afectando a la mayoría de ONG)

Artículo 15 de la Ley orgánica 1/2002 reguladora del derecho de asociación: “Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes. Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y a los asociados. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes penales”. La mayoría de ONG se ven afectadas por esta normativa ya que debieron constituirse como asociación primero.

 

Sobre fundaciones

Artículo 17 de la Ley 50/2002 de Fundaciones: “Responsabilidad de los patronos (gobernantes de una fundación): Los patronos deberán desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal; los patronos responderán solidariamente frente a la fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo. La acción de responsabilidad se entablará, ante la autoridad judicial y en nombre de la fundación por el propio órgano de gobierno de la fundación”.

 

Ley General de Subvenciones

Artículo 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: “Responderán solidariamente de la sanción pecuniaria los miembros, partícipes o cotitulares de las entidades en proporción a sus respectivas participaciones”.

Por último, solo cabe recordar que la administración tiene perfectamente estructurada la fórmula de ejecución de las sanciones. Por ejemplo, para el caso de las subvenciones, se especifica su modus operandi en la Ley 30/1992 del Procedimiento Administrativo Común.  Esto revierte en que cada vez que un infractor decide hacer caso omiso al requerimiento correspondiente, en cuestión de días se pasa al siguiente paso. Por ello, desde Documenta ONG recomendamos a las entidades que respondan siempre a los requerimientos de la administración pero con documentación incuestionable y utilizando la oportunidad como si fuera única.