Dificultades en la justificación de subvenciones de cooperación
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Dificultades en la justificación de subvenciones de cooperación

En lo últimos años la justificación de subvenciones se está convirtiendo en el mayor quebradero de cabeza para las ONG y entidades sin ánimo de lucro en España. Analizamos la situación actual y su normativa.

Con la entrada de España en la Comunidad Europea en 1986, el estado español percibió numerosos fondos, entre ellos los destinados a cooperación al desarrollo. Estas subvenciones  incluían, en la mayoría de las ocasiones, la obligación de justificar estos capitales de forma que pudiera contrastarse las labores desarrolladas. De esta manera, comenzaban a redactarse numerosas normativas reguladoras que pretendían cimentar las bases de la adecuada justificación de fondos europeos (recopilación de nóminas, facturas, etc).

Sin embargo, la información relativa a las obligaciones contraídas por los perceptores en materia jurídica, si bien existía, tenía carácter de novedad y no siempre gozaba de la mayor claridad. En la actualidad, subvenciones financiadas por entidades como la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) pueden regirse por más de seis normativas reguladoras (base, convocatoria, manuales, concesión, modificaciones, etc.). Además, y según la información que ha podido contrastar DOCUMENTA ONG en el BOE, existen algunos requisitos relativos a justificación de subvenciones para la cooperación del MAEC que podrían entrar en conflicto con otros exigidos.

OPINIONES MUY “INTERESADAS”

No es menos importante que este tipo de problemas tienden a instrumentalizarse por partes interesadas para desacreditar las labores efectuadas por las entidades sin ánimo de lucro y relativizar el trabajo de los proyectos de cooperación, principalmente delante de determinados medios de comunicación. De esta manera podría tratar de justificarse disminuciones de presupuestos o argumentar cualquier tipo de obstáculo adicional en materia legal. Para este tipo de “conversaciones interesadas” convendría recordar la diferencia existente entre una justificación incorrecta, algo que puede ser motivado por una interpretación normativa incorrecta, y el uso fraudulento de fondos, algo en lo que nunca querríamos vernos involucrados y que, pese a quien le pese y hasta que no se demuestre lo contrario con cifras, no es un problema general en este tipo de entidades.

LOS CAMBIOS NORMATIVOS

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación así como el de la Presidencia, conscientes de esta situación, se encuentran trabajando desde 2010 en una unificación normativa que pudiera simplificar estas obligaciones. Esto se puso de manifiesto en el Real Decreto 794/2010, de 16 de Junio, así como en la Resolución de la AECID de 31 de octubre de 2011 donde se explica que “uno de los aspectos de mayor importancia es la regulación en un único cuerpo normativo de todas las subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo sometidas a los principios de publicidad y concurrencia”. Una información que revela el nuevo camino hacia el que se quiere seguir: fondos bien justificados pero con exigencias razonables.